El Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, denunció en el marco del debate de control político sobre la situación de los defensores de derechos humanos, que no existe un interés real por parte del gobierno para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, ni por investigar, ni sancionar a los responsables.
Ejemplo de ello, lo constituye el hecho de que a pesar que el Sistema de Información sobre agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia- SIADDHH del Programa Somos Defensores reporta 1762 agresiones contra defensores en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, la Fiscalía General de la Nación, sólo manifiesta tener 442 casos de investigaciones penales en proceso, en el período 2009 – 2014, incluyendo los que se encuentran en las Fiscalías Seccionales (389) y en las Fiscalías Nacionales Especializadas de DDHH y DIH, (53)"Lo que demuestra que más de la mitad de las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos se encuentra en la impunidad, ya que no conocemos el estado de las 1.320 agresiones restantes", manifestó el congresista.
Según Uribe Muñoz, en el mismo sentido, la Fiscalía reportó tener en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, sólo 53 casos abiertos, de 60 asignados, 35 en investigación preliminar, 17 en instrucción y sólo 1 en juicio, una cifra realmente pequeña para la magnitud de la situación que día a día soportan los defensores en Colombia.
Frente a casos de homicidio, la situación es mucho más preocupante, reclamó el Representante,"La Fiscalía sólo reportó que está investigando 51 homicidios en el período 2009 – 2014 – 29 en seccionales y 22 en la Unidad – , frente a 283 que tenemos reportados entre 2010 – 2014, según el SIADDHH, lo que nos evidencia que el 82% de los homicidios se encuentran en la impunidad, es decir, que la Fiscalía no conoce o no sabe de los 232 casos restantes"
Igual pasa frente a las amenazas. De 1.148 amenazas reportadas por el SIADDHH entre 2010- 2014, la Fiscalía solo está investigando 388 del período 2009 – 2014 (360 en Seccionales y 28 en la Unidad), ¿Qué pasó entonces con las 760 amenazas restantes?, se preguntó el Congresista.
Y lo que es más alarmante, de las 34 amenazas masivas que llegaron a los correos de aproximadamente 700 defensores entre los meses de septiembre de 2014 a marzo de 2015, (15 de septiembre a diciembre y 19 en el primer semestre de 2015), la Fiscalía no reporta ninguna investigación, ocho meses después de realizadas las denuncias.
El Representante a la Cámara igualmente denunció la inefectividad de la Unidad Nacional de Protección – UNP- , que reportó que de 37.444 solicitudes de protección recibidas desde su creación en el año 2012, el 56% fueron desestimadas al no cumplir los requisitos de "La Matriz de Riesgo",y de las 15.305 solicitudes correspondientes al año 2014, apenas se hicieron 6.957evaluaciones nuevas de riesgo, 9 con ponderación de riesgo extremo, 4.232 con riesgo extraordinario y 2.716 con riesgo ordinario, "Es decir, menos de la mitad de las solicitudes entran al proceso de evaluación para acceder a medidas de protección, con el agravante que al menos el 39% son clasificadas como de riesgo ordinario, por lo que no se garantiza el acceso y permanencia de las medidas en el tiempo", indicó.
Para Uribe Muñoz, estas cifras y la desarticulación de medidas, demuestran que la política establecida por el gobierno nacional no resuelve de fondo la grave situación de los defensores,"debido a que el enfoque implementado en los decretos y políticas públicas, priorizan las medidas materiales y asistencialistas, dejando a un lado las medidas políticas que implican el reconocimiento de la legitimidad de la labor de la defensa de derechos humanos, el respaldo desde todas las esferas del Estado a la labor de defensores y las acciones de prevención que podrían tener mejores resultados y haber salvado muchas de las vidas que hoy ya perdimos"
En este sentido, el Representante a la Cámara, manifestó la necesidad de superar el esquema militarista, para que se garantice de manera integral la protección de los lideres/as y la exigibilidad de derechos, teniendo en cuenta que las y los defensores son constructores de paz y en este contexto de negociación por una paz estable y duradera, es fundamental fortalecer la participación de la sociedad civil, "De esta manera es necesario crear una política pública integral, que sea construida de manera participativa y concertada con la población y que tenga como principales factores la prevención y protección de agresiones contra defensores) de derechos humanos, lo que constituiría un gran gesto de paz por parte del del Gobierno Nacional, pues no habrá solución para el conflicto sino garantizamos la vida y la integridad de los ciudadanos, de los defensores y de las organizaciones en todo el territorio nacional"
Fuente
Claudia Quintero
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