El Consejo de Estado le llamó la atención a la Unidad Nacional de Protección -UNP- por incumplir con el pago de un auxilio de transporte a dos defensores de derechos humanos, Alberto Gutiérrez y Yurley Quintero, miembros de la corporación ANNE FRANK, con el argumento de que faltaba presupuesto.
Al fallar una tutela, el alto tribunal determinó que la UNP no puede escudarse “en la falta de disponibilidad presupuestal para el no pago del auxilio de transporte, máxime cuando fue ella quien mediante su resolución asumió obligaciones a favor de los actores como beneficiarios del programa de protección”.
El Consejo de Estado amparó en este fallo los derechos de ambos defensores, que trabajan en la zona de Altos del Cazucá, y quienes se dedican especialmente a la lucha contra la trata de personas, por lo cual han sido víctimas de amenazas.
Agregó el alto tribunal que la UNP les hizo a los accionantes un estudio de seguridad, cuyo resultado arrojó una calificación de riesgo extraordinario.
“Que a los demandantes se les asignó un escolta para ambos, chalecos antibalas, un celular para cada uno y un auxilio de transporte por la suma total de $ 1.950.000 mensuales. 1.6. Que no obstante lo anterior, hace dos meses la UNP les adeuda lo correspondiente al subsidio de transporte, por lo cual el propietario del vehículo suspendió el servicio y ahora deben movilizarse en transporte público en Altos de Cazucá. Que la entidad accionada alega razones presupuestales para no realizar el pago del auxilio de transporte” señala la sentencia.
"Al seguirse transportando por medio de buses, podrían dar lugar a la consumación de un perjuicio irremediable consistente en un atentado contra su vida”, agrega el alto tribunal.